Las cosas por su nombre
Por RamÃn Alfonso Sallard
A propÃsito de quienes creen que los ministros de la SCJN no pueden ni deben ser sometidos a procesos penales, hay que recordarles que ya uno de ellos terminà en la cÃrcel porque pudo probarse en un proceso jurisdiccional que habÃa recibido un soborno de 500 mil dÃlares para dejar en libertad, mediante juicio de amparo, al violador y asesino de una niÃa de seis aÃos, que ya habÃa sido condenado y purgaba condena de 30 aÃos de prisiÃn. Dos magistrados de circuito y el abogado del criminal tambiÃn terminaron en la cÃrcel, aunque todos por poco tiempo. El asunto es absolutamente nauseabundo.
Lo peor del caso es que el entonces presidente de la Corte, al igual que sus pares, permitieron al corrupto ministro salidas generosas en cada paso del proceso: primero le autorizaron una licencia para separarse temporalmente del cargo; luego, le aceptaron la renuncia; enseguida, cuando un juez de distrito emitià la orden de aprehensiÃn en su contra, le avisaron para que huyera del paÃs. Cuando finalmente fue detenido y extraditado, luego de permanecer casi una dÃcada prÃfugo, la cofradÃa judicial siguià protegiÃndolo: recibià una sentencia de 8 aÃos y seis meses de prisiÃn, pero solamente estuvo un par de aÃos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de MÃxico, pues fue beneficiado con prisiÃn domiciliaria por edad.
Como corolario, desde la fecha de su licencia âenero de 1989â, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta el dÃa de su muerte, el 17 de marzo de 2006, durante el Ãltimo aÃo de gobierno de Vicente Fox, Ernesto DÃaz Infante âtal era el nombre del sujetoârecibià Ãntegro su salario y pensiÃn como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃn: alrededor de 140 mil pesos mensuales en esa Ãpoca[i]. PresidÃa la Corte el ministro Mariano Azuela GÃitrÃn.
La historia es la siguiente:
El 21 de octubre de 1986, la niÃa Merle Yuridia MondaÃn, de seis aÃos, salià a pasear a su perrito en Acapulco y ya no regresà a casa. Los padres reportaron de inmediato la desapariciÃn. Cinco dÃas despuÃs, su cadÃver fue encontrado en un terreno baldÃo. La autopsia revelà que la menor habÃa sido drogada, violada y estrangulada.
La brutalidad del crimen indignà a los acapulqueÃos. El escÃndalo adquirià dimensiÃn nacional al ser retomado por varios medios de comunicaciÃn de la capital del paÃs. Las indagatorias condujeron a la residencia del empresario Alejandro Braun DÃaz. La policÃa encontrà ahà el moÃo que llevaba la niÃa el dÃa de su desapariciÃn, junto a una gran cantidad de material pornogrÃfico en el que aparecÃan distintos menores de edad. El pederasta y uno de sus empleados fueron detenidos. El empresario confesà ser el autor del crimen.
En 1987, Braun DÃaz recibià condena de 30 aÃos de prisiÃn en primera instancia. El fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero ese mismo aÃo. Despachaba como gobernador del estado Josà Francisco Ruiz Massieu, amigo de adolescencia y ex cuÃado del presidente Salinas.
El abogado de Braun, Enrique Fuentes LeÃn, un litigante con fama de corruptor, interpuso demanda de amparo contra dicha sentencia y el 8 de diciembre de 1988, a sÃlo tres dÃas de recibir el asunto, dos magistrados del Tribunal Colegiado de Chilpancingo, Eufemio Zamora y Gilberto Arredondo, ordenaron la liberaciÃn inmediata del pederasta y asesino confeso. En su resoluciÃn argumentaron âfalta de pruebasâ.
Al salir de la cÃrcel, Braun DÃaz fue trasladado en helicÃptero a la Ciudad de MÃxico y de ahà partià hacia Chile, en compaÃÃa de su abogado Fuentes LeÃn. El criminal nunca mÃs volvià a ser visto en MÃxico. Las circunstancias de su liberaciÃn atrajeron de nuevo la atenciÃn de la prensa nacional, causando una gran irritaciÃn popular.
Ante el escÃndalo, la CÃmara de Diputados del Congreso de la UniÃn inicià un juicio de responsabilidad en contra de los dos magistrados. Sin embargo, el presidente de la Corte, Carlos del RÃo, defendià pÃblicamente el fallo de Zamora y Arredondo y asegurà que no habÃa prueba alguna de que Ãstos hubieran sido sobornados.
Sus retadoras declaraciones resultaron contraproducentes âMucha gente que durante muchos aÃos fue seÃalada como corrupta, murià pobre. SÃlo hay dos cosas que no se pueden esconder, lo pendejo y lo rateroâ[ii]. En lugar de diluir el escÃndalo, crecià en intensidad. Las evidencias de corrupciÃn se siguieron acumulando.
El 12 de enero de 1989, el Pleno de la SCJN se desmarcà de la postura de su presidente y ordenà la destituciÃn de los dos magistrados, quienes de inmediato quedaron sujetos a proceso. Unos dÃas despuÃs, el ministro que habÃa tenido conocimiento del caso, Ernesto DÃaz Infante, solicità licencia para ausentarse temporalmente del cargo. DebÃa retomar sus funciones el 1 de febrero de 1990, pero en lugar de retornar a su puesto renuncià a Ãl.
Ese mismo aÃo, el 11 de octubre, Zamora y Arredondo fueron sentenciados por el delito de cohecho. Dos meses mÃs tarde, Carlos del RÃo renuncià a la presidencia de la Corte, alegando problemas de salud. Las investigaciones continuaron.
Tres aÃos despuÃs de la liberaciÃn de Braun DÃaz, la PGR, dirigida entonces por Jorge Carpizo, quien era ministro de la Corte cuando estallà el escÃndalo, encontrà suficientes pruebas para establecer que la trama de corrupciÃn habÃa sido encabezada por el ministro DÃaz Infante, despuÃs de recibir un soborno de medio millÃn de dÃlares por parte del abogado defensor, Enrique Fuentes LeÃn.
El 4 de abril de 1993, un juez federal ordenà la detenciÃn de DÃaz Infante, pero antes de que se ejecutara la orden de aprehensiÃn Ãste se dio a la fuga. Huyà a Estados Unidos, al igual que el abogado Fuentes LeÃn. Ambos se establecieron en Texas.
Sobre el negro historial del abogado Fuentes LeÃn, se puede consultar el amplio reportaje que publicà el diario Reforma en dos partes, el 9 y 10 de mayo de 1999, titulados âEl gran corruptorâ y âContacto en Texasâ bajo la firma del reportero Jorge Carrasco, actual director de la revista Proceso. En ambos textos se alude a la complicidad del litigante con el exministro.
La detenciÃn de DÃaz Infante ocurrià hasta el 20 de junio del 2001 en San Antonio, Texas, cuando Ãste inicià el trÃmite para que prescribieran los delitos de cohecho y contra la administraciÃn de justicia por los cuales habÃa sido sometido a proceso. Sin embargo, su peticiÃn no procedià porque, al huir del paÃs, se duplicà el tiempo de prescripciÃn. En ese momento, agentes de la Interpol lo capturaron. Posteriormente, el exministro fue extraditado y remitido al Reclusorio Norte de la Ciudad de MÃxico.
El 14 de agosto de 2003, DÃaz Infante recibià sentencia condenatoria de 8 aÃos y 6 meses de prisiÃn, pero no cumplià la penalidad impuesta porque en 2004 fue excarcelado y enviado a casa, gracias a una reforma al CÃdigo Penal Federal aprobada ese mismo aÃo, la cual permitÃa prisiÃn domiciliaria a las personas mayores de 70 aÃos, como era su caso.
Los togados, entonces como ahora, se protegen entre ellos. DÃaz Infante no sÃlo mantuvo derechos laborales, sino tambiÃn privilegios, a pesar de los delitos que cometià y por los cuales recibià sentencia condenatoria. En efecto, hasta el dÃa de su muerte, el 17 de marzo de 2006, recibià su salario y pensiÃn Ãntegra como ministro de la Corte: alrededor de 140 mil pesos mensuales.
Que no se sorprendan pues, los actuales ministros, con el desprestigio que la Corte ha acumulado durante dÃcadas. Su fama de instituciÃn corrupta ha sido labrada a pulso.
[i] . Fuente: La Jornada. Nota de Alfredo MÃndez Ortiz, 25 de abril de 2006.
[ii] Mijangos y GonzÃlez, Pablo, Historia mÃnima de la Suprema Corte de Justicia, El Colegio de MÃxico, 2019.