La condena por el transporte de migrantes ilegales con fines de lucro, conlleva una sentencia mÃxima de 10 aÃos de prisiÃn.
Adolescentes y jÃvenes originarios de la regiÃn fronteriza entre Sonora y Arizona son atraÃdos a travÃs de redes sociales para transportar a migrantes ilegales por las carreteras del sur del vecino estado del norte.
A cambio, las organizaciones criminales les ofrecen sumas de dinero y una supuesta seguridad en el traslado, que en muchas ocasiones se convierte en una seguridad dentro de una prisiÃn federal estadunidense.
De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Arizona, en dÃas recientes se llevà a cabo la revelaciÃn de 13 acusaciones contra un total de 22 personas por conspiraciÃn para transportar migrantes ilegales con fines de lucro.
Cada acusaciÃn fue contra un coordinador de trÃfico de personas que utilizà las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona que transportarÃn a las personas por dinero.
DespuÃs de reclutar a los conductores en redes sociales, los coordinadores a menudo cambiaban a una aplicaciÃn de mensajerÃa como WhatsApp para coordinar la logÃstica. Muchos de los coordinadores acusados fueron identificados a travÃs de contactos policiales, datos de telÃfonos celulares y sus cuentas de redes sociales.
Los coordinadores reclutan a los jÃvenes con publicaciones en las redes sociales donde se «engrandece» el contrabando de extranjeros.
Muchas de las publicaciones afirman que los conductores pueden ganar grandes sumas de dinero sin el riesgo de ser arrestados, como se muestra en un ejemplo del primer caso enumerado.
Los acusados fueron identificados como RamÃn Moreno LÃpez, Mauricio Andrade GarcÃa, Juan Ausencio AvendaÃo, Josiah GÃmez, Jalen Harris, RubÃn Ibarra, Dominic Leos, Josà Molina, Keyani PÃrez, Armando RamÃrez, FabiÃn Rivera, Josà Sarabia y Arnoldo Soto, entre otros.
Una condena por conspirar para transportar migrantes ilegales con fines de lucro conlleva una sentencia mÃxima de diez aÃos de prisiÃn, una multa de hasta 250 mil dÃlares y hasta tres aÃos de libertad supervisada.