En una decisión que transforma el combate a delitos financieros en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias de forma autónoma. Con una votación de siete contra dos, el pleno abandonó el criterio de 2018 que exigía una petición de autoridad extranjera o una orden judicial para proceder con dichos bloqueos.
El máximo tribunal determinó que estas acciones no son sanciones penales, sino «medidas cautelares administrativas» necesarias para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita. La resolución surge tras un amparo promovido por una empresa vinculada al entorno de Ismael «El Mayo» Zambada. Pese a las advertencias de algunos ministros sobre posibles actos arbitrarios o afectaciones al derecho de propiedad, la mayoría validó que los afectados deberán acudir a un procedimiento de audiencia ante la propia UIF para intentar demostrar la legalidad de su dinero.