San Juan, Puerto Rico. Sábado 11 de julio de 2026. El exponente de música urbana Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, sufrió un revés legal determinante en el litigio que sostiene contra su expareja sentimental, la abogada Carliz de la Cruz Hernández. El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó de manera oficial la solicitud del equipo legal del cantante para desestimar la demanda en su contra, permitiendo que el proceso judicial siga su curso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
La controversia, que asciende a una reclamación económica de al menos 40 millones de dólares, se centra en el presunto uso no autorizado de una nota de voz con la frase “Bad Bunny, baby”. Según la parte demandante, dicha frase corresponde a una grabación casera realizada por De la Cruz en el año 2015, la cual ha sido incorporada durante años en producciones musicales, videos oficiales, promocionales y conciertos multitudinarios sin contar con su consentimiento expreso y por escrito.
La icónica frase y los temas señalados
De acuerdo con los expedientes analizados por el tribunal de la isla, la voz de la litigante fue integrada de manera directa en dos de las canciones más representativas en la trayectoria del artista: el tema «Pa’ ti» (grabado en colaboración con Bryant Myers) y la pista «Dos mil 16», corte incluido dentro del galardonado álbum de 2022 “Un verano sin ti”.
La defensa de Carliz de la Cruz argumenta violaciones explícitas a los derechos de imagen, derechos morales de autor, enriquecimiento injusto y afectaciones a la intimidad. La demandante expuso ante el juzgado que la masificación de su voz le generó severos cuadros de ansiedad e intimidación pública. Trascendió que, previo al lanzamiento del disco en 2022, representantes de Bad Bunny le ofrecieron una compensación de 2 mil dólares para formalizar el traspaso de los derechos comerciales de la grabación, propuesta que fue rechazada formalmente por la abogada.
El estatus del proceso judicial
La resolución emitida por el Tribunal Supremo no constituye una sentencia condenatoria final sobre el fondo del asunto, sino una validación jurídica de que la demandante cuenta con elementos suficientes para sostener el juicio por daños y perjuicios. A partir de este fallo, los tribunales locales de San Juan reanudarán las audiencias y el desahogo de pruebas para dictaminar si existió una explotación comercial indebida de la propiedad intelectual. Hasta el cierre de esta edición, ni el cantante ni su agencia de representación, Rimas Entertainment, han emitido pronunciamientos públicos respecto a la reactivación del caso.