Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración, tras su intento de disolver el Congreso en 2022, considerado judicialmente como un autogolpe de Estado.
La ex primera ministra Betssy Chávez también recibió condena y permanece refugiada en la embajada de México en Lima.
El fallo marca un precedente histórico en la política peruana y revive el debate sobre la crisis institucional del país.
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