Las cosas por su nombre
Por RamÃn Alfonso Sallard
DespuÃs de asumir cargo, el 1 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo anuncià en su discurso de toma de posesiÃn que enviarÃa de inmediato al Congreso de la UniÃn una iniciativa de reformas constitucionales que modificarÃan por completo la integraciÃn y funcionamiento del Poder Judicial Federal. El documento fue entregado cuatro dÃas despuÃs. Para entonces, la situaciÃn del paÃs era bastante crÃtica en tÃrminos polÃticos, econÃmicos y sociales.
El 1 de enero de 1994, simultÃneamente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre MÃxico, Estados Unidos y CanadÃ, ocurrià el levantamiento armado indÃgena en Chiapas y aparecià en la escena pÃblica el EjÃrcito Zapatista de LiberaciÃn Nacional (EZLN). Posteriormente, el 23 de marzo, mientras se realizaban negociaciones de paz entre representantes de la guerrilla y del gobierno en San CristÃbal de las Casas, ocurrià el asesinato en Tijuana del candidato del PRI a la presidencia de la RepÃblica, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Otro crimen polÃtico, el de Josà Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue perpetrado el 28 de septiembre en la Ciudad de MÃxico.
Estos eventos –y el asesinato previo del cardenal de Guadalajara, Juan JesÃs Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993âprodujeron una enorme inestabilidad polÃtica en el paÃs, lo cual derivÃ, a su vez, en la creciente fuga de capitales que condujo a una profunda crisis econÃmica, la cual estallÃ, precisamente, ese mes de diciembre de 1994, mientras se discutÃa en el Congreso la iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial Federal.
Conocida como efecto tequila, esta crisis econÃmica fue provocada por la falta de reservas internacionales, lo cual causà una abrupta devaluaciÃn del peso mexicano durante los primeros dÃas de la administraciÃn zedillista. Fue necesario que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitara al Congreso de su paÃs la autorizaciÃn de una lÃnea de crÃdito por $20 mil millones de dÃlares, a fin de que el gobierno mexicano garantizara a sus acreedores el pago de deuda. Los ingresos petroleros de MÃxico quedaron en garantÃa.
La crisis econÃmica propicià la ruptura polÃtica entre Salinas y Zedillo, quienes se echaron mutuamente la culpa del error de diciembre âfrase acuÃada por el primeroâ, que dejà en la quiebra a millones de mexicanos (posteriormente, Zedillo transformarÃa miles de millones de pesos de deuda privada en deuda pÃblica a travÃs del Fobaproa).
En ese contexto se discutià y aprobà la reforma al Poder Judicial Federal, que entrà en vigor el 1 de enero de 1995. El titular del ejecutivo y los miembros del poder legislativo decidieron, por cuenta propia, sin consultar a los integrantes del poder que estaban reformando, recomponer, rediseÃar y reintegrar a su par en la divisiÃn tripartita del Estado.
Para empezar, removieron del cargo a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃn (SCJN), redujeron a 11 su nÃmero y alteraron la fÃrmula para nombrarlos. AdemÃs, crearon una instancia para reemplazar la tarea que la Corte habÃa realizado durante 170 aÃos: administrar al poder judicial.
Esta medida tenÃa una explicaciÃn polÃtica: de los 26 ministros que existÃan, 15 habÃan sido nombrados por Miguel de la Madrid y 9 por Carlos Salinas. Precisamente durante la administraciÃn de este Ãltimo, varios ministros, a pesar de su adscripciÃn a uno de los tres poderes de la UniÃn, habÃan sido nombrados y removidos libremente por el presidente de la RepÃblica, que los utilizà indistintamente en funciones jurisdiccionales o los designà para cargos polÃticos en la administraciÃn pÃblica federal, sin que mediara restricciÃn alguna.
Dos casos resultaban especialmente sensibles para el presidente entrante y para el grupo de colaboradores cercanos del asesinado Luis Donaldo Colosio: Diego ValadÃs RÃos y Miguel Montes GarcÃa. El primero se desempeÃaba como Procurador General de la RepÃblica cuando el polÃtico sonorense fue ejecutado. El segundo fue el primer fiscal especial del caso Colosio.
AÃos despuÃs, en el informe final del caso, se desmenuzaron los errores del pasado. AsÃ, en los cuatro dÃas que la investigaciÃn estuvo a cargo de Diego ValadÃs, hubo confusiÃn: las pesquisas no se sujetaron a los principios bÃsicos de la criminalÃstica, no hubo hilo conductor, no se preservà el lugar de los hechos, los peritos no tenÃan ni brÃjula ni cintas mÃtricas cuando realizaron la reconstrucciÃn y, ademÃs, se perdieron importantes elementos indiciarios.
ValadÃs renuncià a la PGR el 13 de mayo de 1994, y el 31 de ese mismo mes, el presidente Salinas lo designà ministro de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃn. El Senado ratificà el nombramiento. La designaciÃn del jurista fue una suerte de enroque, ya que el entonces ministro de la SCJN, Miguel Montes GarcÃa, habÃa solicitado licencia a su cargo el 28 de marzo de 1994, a fin de asumir la SubprocuradurÃa de la PGR encargada de investigar el caso Colosio.
Al inicio de su gestiÃn, Miguel Montes apoyà la teorÃa de la «acciÃn concertada» en contra de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, menos de cuatro meses despuÃs, concluyà que Mario Aburto MartÃnez era el Ãnico autor del asesinato, tanto material como intelectual. En otras palabras, se tratà de un asesino solitario. Las conclusiones del fiscal generaron un amplio rechazo entre los colosistas y la sociedad en general. La viuda de Luis Donaldo, Diana Laura Riojas, hizo explÃcito su disgusto por los resultados.
En su momento, esta reforma al poder judicial fue considerada por legisladores de izquierda, acadÃmicos y juristas como un golpe de Estado tÃcnico (Ruiz Morales y Rocha Arrieta, 2012: 18-31). El tema fue analizado desde muy diversos Ãngulos. Lo cierto es que Zedillo pudo hacerlo porque su partido, el PRI, contaba con mayorÃa calificada en ambas cÃmaras del Congreso de la UniÃn y, ademÃs, el PAN apoyaba las reformas. Hoy ese mismo bloque se opone a una nueva reforma constitucional del Poder Judicial Federal. Dicen que la Corte no se toca.