Las cosas por su nombre
Por RamÃn Alfonso Sallard
Para Baltasar GarzÃn, exjuez y abogado espaÃol, la utilizaciÃn de la justicia por la polÃtica es un fenÃmeno tan antiguo, que sus orÃgenes se pierden en la noche de los tiempos. Los ejemplos mÃs notables son los juicios de la inquisiciÃn, entre ellos el que se instaurà a Galileo Galilei. Pero el lawfare es un tÃrmino acuÃado en fechas mÃs recientes. Se trata de una contracciÃn gramatical de las palabras inglesas âlawâ (ley) y âwarfareâ (guerra).
En el prÃlogo de un libro de ediciÃn reciente (2023) sobre el tema (Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina), el conocido jurista explica:
âLo novedoso de este concepto es que, si bien histÃricamente la manipulaciÃn de la justicia ha sido una herramienta propia de autocracias y dictaduras, este fenÃmeno se ha instalado ahora en las democracias, degradÃndolas. Tiene lugar cuando un juez o un fiscal, aparentando que actÃan bajo la mÃs estricta legalidad formal, renuncian a ser imparciales, asumiendo un papel que socava desde dentro la separaciÃn de poderes, el Estado de Derecho y la democracia, prevaliÃndose para ello de los mecanismos que les da el propio Estadoâ.
Por su parte, la catalana Arantxa Tirado SÃnchez, en su libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (2021), apunta que la ola de gobiernos de izquierda en AmÃrica Latina y el Caribe desde finales del siglo XX, conformà un mapa geopolÃtico adverso a los intereses estadounidenses. Para cambiar esa correlaciÃn de fuerzas, entrà en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrÃtico y ajustado a derecho que busca socavar el ejercicio del poder de la izquierda.
La autora ubica el origen del lawfare como una estrategia de carÃcter militar o de guerra hÃbrida, que busca, mediante la combinaciÃn de operaciones judiciales, mediÃticas, polÃticas o econÃmicas, la reconfiguraciÃn de la geopolÃtica hemisfÃrica. Sostiene: âSi en dÃcadas precedentes los golpes de Estado clÃsicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda polÃtica desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma funciÃn, pero amparÃndose en la legalidad y manteniendo las apariencias democrÃticas. Asistimos, entonces, a la paradÃjica demoliciÃn del Estado de derecho en nombre de la leyâ.
A mi juicio, esto es, justamente, lo que està sucediendo en MÃxico: una guerra jurÃdica abierta y pÃblica entre la SCJN contra los otros dos poderes de la UniÃn, a partir de la disputa real entre dos proyectos de NaciÃn enfrentados y contrapuestos. Lo sabe el presidente de la RepÃblica, al igual que los principales liderazgos de su movimiento. Tanto AMLO como Claudia Sheinbaum reconocen que, en el campo de batalla de la Corte, no tienen posibilidad alguna de ganar. Lo mÃs probable es que todas las reformas prioritarias del actual gobierno sean invalidadas en los prÃximos meses.
Sin embargo, en el terreno polÃtico los ministros y ministras del bloque de derecha estÃn derrotados de antemano. La batalla por la opiniÃn pÃblica es y serà adversa a los juristas. A ese campo, precisamente, los ha llevado el presidente, porque ahà la guerra puede ganarse de manera amplia y con relativa celeridad. Tan rÃpido que, si la 4T logra la mayorÃa calificada en ambas cÃmaras del Congreso de la UniÃn en los prÃximos comicios de junio, la izquierda permanecerà varias dÃcadas en el poder. Tal es mi pronÃstico.
ÂCuÃl es la situaciÃn actual de la guerra judicial? El viernes pasado, el periÃdico Reforma destacà en su pÃgina web la probable anulaciÃn de un paquete de 20 reformas legales prioritarias propuestas por el presidente de la RepÃblica y aprobadas por mayorÃa absoluta en ambas cÃmaras del Congreso de la UniÃn el 23 de abril de 2023.
Cuatro ministros listaron ese viernes sus proyectos de sentencia para ser discutidos por el Pleno de la Corte a partir del 9 de abril prÃximo y, en todos los casos, plantean invalidarlas por âviolaciones gravesâ en el procedimiento legislativo. Los autores de los proyectos son los ministros Juan Luis GonzÃlez AlcÃntara CarrancÃ, Margarita RÃos-Farjat, Alberto PÃrez DayÃn y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Entre las reformas que se pretende invalidar por vicios legislativos se encuentra la referente al control de precursores quÃmicos (como el fentanilo) y de productos para elaborar tabletas; la Ley Ferroviaria, que prevà asignaciones por tiempo indefinido a paraestatales administradas por la Sedena (como el Tren Maya); los cambios realizados a la Ley de Bienes Nacionales; y las modificaciones a la Ley del ISSSTE, instituciÃn a la que el gobierno pretende rescatar, revirtiendo la privatizaciÃn de sus servicios realizada por administraciones anteriores.
Faltan por listarse los proyectos de sentencia de otras reformas realizadas en el paquete de 20 aprobadas en abril del aÃo pasado, entre ellas la que se realizà a la Ley General de Salud, a fin de extinguir el INSABI y sustituirlo con el IMSS-Bienestar; las que se efectuaron a las leyes de Aeropuertos y de AviaciÃn Civil, que incluyen no sÃlo la autorizaciÃn a la Sedena para administrar aeropuertos y una lÃnea aÃrea (Mexicana), sino tambiÃn modificaciones de fondo al sistema aÃreo nacional, con el propÃsito de modernizar su estructura y funcionamiento y brindar un marco mÃs adecuado a la seguridad del espacio aÃreo mexicano.
TambiÃn estÃn pendientes de listarse los proyectos de sentencia de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, TecnologÃa e InnovaciÃn y los cambios a la Ley Minera, entre otros. Independientemente de si los asuntos que le fueron asignados a la ministra Loretta Ortiz Alf fuesen en sentido de avalar las reformas, adoptando criterios opuestos a los de sus pares, su postura serÃa minoritaria, tomando en consideraciÃn el sentido de los votos del bloque mayoritario que ya anulà en 2023 el Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente, asà como tambiÃn la Ley Federal de ContrataciÃn de Publicidad.
En todos los casos en los que la Corte ha anulado reformas a leyes vigentes o la promulgaciÃn de nuevas leyes alegando vicios en el proceso legislativo, los argumentos centrales han sido el poco tiempo del que dispusieron las minorÃas legislativas para conocer el contenido de las iniciativas de reformas; el reducido lapso que hubo para su debate en comisiones y en el Pleno; la ausencia de la oposiciÃn al elaborarse los dictÃmenes correspondientes en comisiones; y, finalmente, el abandono del recinto de debates de las minorÃas parlamentarias al discutirse y aprobarse las citadas reformas.
Estos criterios, reiterados por el bloque mayoritario de ministros, evaden e ignoran los tiempos y las formas del proceso legislativo que dio lugar a la actual Corte en 1994:
El 5 de diciembre de aquel aÃo, el presidente Ernesto Zedillo presentà ante el Senado su iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial Federal. El documento pasà de inmediato a comisiones para su dictamen, el cual se discutià en el Pleno del Senado el 18 de diciembre. Ese mismo dÃa se aprobà por unanimidad, ya que los legisladores de izquierda abandonaron la sesiÃn. En la CÃmara de Diputados la votaciÃn, realizada el 21 de diciembre, fue de 381 a favor y 66 en contra. En los congresos de los estados este bloque aprobà tambiÃn la reforma de manera exprÃs. Para el 31 de diciembre el proceso habÃa culminado. Las reformas entraron en vigor el 1 de enero de 1995.
ÂCuÃl es la diferencia entre las prÃcticas legislativas de1994 y las actuales? Que en esa Ãpoca gobernaba la derecha, conformada por PRI y PAN, y su bloque legislativo contaba con una amplia mayorÃa para arrasar a la oposiciÃn de izquierda. Hoy los papeles se han invertido, pero no lo suficiente, pues el partido en el gobierno y sus aliados no cuentan con las dos terceras partes de los votos en el Congreso de la UniÃn para realizar, por sà mismos, las reformas constitucionales que pretenden, como sà era el caso del PRIAN en 1994.
Claro, otra diferencia respecto a la anunciada nulidad del paquete de modificaciones legales en disputa es que las reformas constitucionales no son impugnables ni pueden ser anuladas por la SCJN, aunque algunos de los actuales ministros ya han presentado proyectos en sentido contrario, alegando el Control de Convencionalidad. Pero hasta hoy no se han atrevido a dar ese paso.
La integraciÃn de la Corte actual es una anomalÃa del rÃgimen democrÃtico, pues la interpretaciÃn sistemÃtica del texto constitucional que ha hecho la mayorÃa no corresponde a la orientaciÃn polÃtica de los otros dos poderes de la UniÃn, electos democrÃticamente en las urnas. Ese bloque, que vota consistentemente en contra de todas las reformas prioritarias del actual gobierno, responde a los intereses polÃticos y econÃmicos del antiguo rÃgimen, no a las nuevas realidades polÃticas y sociales del paÃs.
Hay que decir, sin embargo, que el presidente AndrÃs Manuel LÃpez Obrador tiene una enorme responsabilidad en ese estado de cosas, pues Ãl propuso a dos de los ministros que se sumaron al bloque de derecha en la Corte: Juan Luis GonzÃlez AlcÃntara Carrancà y Margarita RÃos-Farjat. El propio AMLO, en una de sus conferencias maÃaneras recientes, se ha referido a ellos como âtraidorzuelosâ.