«Las cosas por su nombre»
Por RamÃn Alfonso Sallard
â El por quà de las reformas que AMLO propondrà el 5 de febrero
El neoliberalismo acelerà la descomposiciÃn del Estado mexicano, cohesionado durante dÃcadas por la corrupciÃn, hasta transformarlo en un autÃntico Estado criminal. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando inicià el desmantelamiento del incipiente Estado de bienestar posrevolucionario, prÃcticamente se cancelà la movilidad social.
El modelo impuesto desde el exterior, que alentà la creaciÃn de diversos organismos autÃnomos, fraccionà al Estado y redujo su capacidad coactiva. Estos espacios entregados a los poderes fÃcticos se erigieron en autÃnticos feudos. Con excepciÃn de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los subsecuentes presidentes de la RepÃblica adscritos al programa polÃtico neoliberal asumieron el papel de gerentes subordinados al poder econÃmico.
La Ãlite gobernante se fracturà en 1988. El sector nacionalista se escindià del PRI con CuauhtÃmoc CÃrdenas a la cabeza. Esta ruptura derivà en violencia polÃtica y criminal seis aÃos despuÃs. Como es sabido, estallà la guerra en Chiapas y Luis Donaldo Colosio y Josà Francisco Ruiz Massieu fueron asesinados a balazos.
A partir de 1994, con el ascenso de Ernesto Zedillo a la presidencia las reformas estructurales del neoliberalismo se intensificaron. Esta dinÃmica debilità aÃn mÃs al Estado en beneficio no sÃlo del poder econÃmico, sino tambiÃn de diversos grupos criminales que se diseminaron por todo el paÃs y que lograron arrebatar algunos segmentos territoriales al Estado.
Con la alternancia en 2000 se impuso en el gobierno de Vicente Fox la visiÃn individualista de lucro del empresariado y se multiplicaron exponencialmente los negocios al amparo del poder pÃblico. En ese tiempo se abrià por completo las puertas al crimen organizado. Los delincuentes primero financiaron campaÃas a cambio de contratos; luego, sus personeros accedieron directamente a cargos pÃblicos.
De la guerra contra determinados grupos criminales iniciada en diciembre de 2006 por Felipe CalderÃn surgià un narcoestado. Su estructura y protagonistas han sido exhibidos en diversas cortes estadounidenses (sirvan de ejemplo los juicios al Chapo GuzmÃn y a Genaro GarcÃa Luna). La confrontaciÃn propicià una crisis humanitaria sin precedentes que persiste hasta la fecha. La cifra de mÃs de 100 mil personas desaparecidas permite dimensionar el problema.
El retorno de la cleptocracia en 2012, con Enrique PeÃa Nieto al frente, casi deviene en Estado fallido. La coaliciÃn de izquierda recibià el paÃs en 2018 con una impunidad del 99.3%. Sin embargo, la actual administraciÃn no ha podido desmantelar los feudos de poder fÃctico incrustados en el Estado ni tampoco ha logrado avances sustantivos en el combate a la criminalidad, debido, principalmente, al lawfare o guerra jurÃdica desplegada por el Poder Judicial en contra del Ejecutivo y del Legislativo.
El mÃximo tribunal del paÃs no sÃlo ha invalidado diversas leyes alegando aspectos procedimentales durante su proceso de aprobaciÃn, sino que se ha arrogado la facultad de legislar, que no posee, en lugar de limitarse a interpretar el texto constitucional. Lo ha hecho a travÃs de la creaciÃn de jurisprudencia.
La justicia en MÃxico sigue siendo privilegio de las Ãlites. El juicio de amparo, mediante el cual se resuelve la mayorÃa de los procesos jurisdiccionales del paÃs, favorece a los poderes fÃcticos. Y esto es asà porque la SCJN ha determinado reiteradamente, desde 1997 hasta la fecha, que los jueces no violan derechos humanos al tramitar los juicios de amparo, aunque esto sea una prÃctica cotidiana. En los hechos la Corte otorga a las y los jueces una suerte de fuero que blinda su actuaciÃn jurisdiccional, sea cual sea su resoluciÃn, lo cual es contrario al mandato de los artÃculos 1Â, pÃrrafo tercero, y 13 de la CPEUM.
He ahà la necesidad de una profunda reforma del Estado mexicano, con especial Ãnfasis en los aparatos de procuraciÃn y administraciÃn de justicia. En lugar de apelar al simple Estado de derecho, se puede aspirar a un autÃntico Estado democrÃtico, constitucional y social de justicia. Ese es el sentido de las reformas que habrà de presentar al Congreso de la UniÃn el presidente AndrÃs Manuel LÃpez Obrador, y cuyo contenido darà a conocer formalmente el prÃximo 5 de febrero. Volveremos al tema una vez que se hagan pÃblicas.